https://static.laverdad.es/torrepacheco/menu/img/externo-torrepacheco-desktop.jpg

El Ayuntamiento de Torre Pacheco paga 473.000 euros en atrasos de funcionarios desde 2011

Detalle de la fachada del Ayuntamiento./Torre Pacheco
Detalle de la fachada del Ayuntamiento. / Torre Pacheco

S. SÁNCHEZ

Por si fuese poco para la hacienda municipal las millonarias indemnizaciones de convenios urbanísticos no desarrollados, y el no menos oneroso importe de cantidades no satisfechas a proveedores y contratistas en los últimos años, el gobierno local ha contabilizado, además, el dinero por atrasos por distintos conceptos a funcionarios y policías locales.

Una cifra que es de 473.000 euros desde 2011. Está desglosada en 260.000 euros a cuenta de ayudas sociales; 113.000 en conceptos retributivos por antigüedad y 100.000 en indemnizaciones ordenadas por sentencia judiciales.

Precisamente, el importe abonado a un trabajador por la última de estas resoluciones, 10.881 euros, ha soliviantado los ánimos del gobierno local. Algo, aseguró el concejal de Hacienda, Carlos López, que «podría tener consecuencias políticas y contables para sus responsables, los antiguos ediles del gobierno local del PP». En esa sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena condena a pagar esa cantidad a un policía local, «por diferentes conceptos no abonados desde 2011 a 2015».

López dijo que es «una muestra más de la herencia recibida por el ejecutivo anterior, cuya pésima gestión en materia de recursos humanos sigue lastrando las arcas municipales».

Por su parte, el edil de Izquierda Unida-Verdes, Francisco Ramón Martínez, consideró que «la gestión hecha por el Partido Independiente y el PSOE durante sus casi cuatro años de gobierno ha sido tan desastrosa como la del PP». Solo el pasado noviembre, incidió, se autorizaron 673 horas extras a la policía local, «que suponen un pago adicional por parte de todos los vecinos del municipio de 40.000 euros». El edil de Hacienda dijo que las críticas de Martínez son «infundadas y desproporcionadas». Aseguró que desde febrero de 2018 rige un nuevo acuerdo de condiciones laborales «que ha permitido un aumento de patrullas y la regularización de las retribuciones».