El Consistorio de Torre Pacheco reclama 85.400 euros en minutas del 'caso de los contratos a dedo'

Martínez recordó que, mediante una sentencia firme de 2015, «fueron condenados por la adjudicación de contratos de forma irregular por valor de 776.500 euros», de ahí que procediera, «sin ninguna duda, la devolución de los gastos adelantados por el Ayuntamiento para su defensa jurídica». Sin embargo, el edil aseguró que, «durante sus casi tres años y medio de mandato, el gobierno de independientes y socialistas no ha hecho nada por asegurar el cumplimiento del expediente que se abrió para su reintegro, sino que ha caducado». Martínez calificó de «incompetencia política» y «dejación de funciones» la actuación del equipo de gobierno local, y anunció que, «desde el primer día de la nueva legislatura», volverá a reclamar la devolución de los gastos jurídicos.

Por su parte, el alcalde, Antonio León, afirmó «no entender» la posición del concejal de IU, puesto que, a su juicio, «desde el primer momento, el gobierno local ha trabajado para que el expediente fuese adelante». Lo que ha ocurrido, apuntó el regidor, es que «la fórmula inicialmente empleada por los funcionarios para el procedimiento, un expediente de 'responsabilidad patrimonial', se ha visto que no era la adecuada y, por lo tanto, ha caducado».

Sin embargó, indicó que «sea cual sea el nuevo gobierno local, tendrá que iniciar irremisiblemente una nueva revisión de oficio de todos los gastos jurídicos que se adelantaron».

En el 'caso de los contratos a dedo', el exalcalde Daniel García Madrid, que dimitió en 2014 tras conocerse la sentencia no firme por un delito continuado de prevaricación debería devolver 52.500 euros, según los cálculos municipales; el ex edil José Saura, que también renunció al cargo, 16.450 euros; y el ex interventor municipal Miguel Pérez Martínez, que fue inhabilitado para esa responsabilidad, otros 16.450 euros. Por el contrario, el otro concejal condenado e igualmente dimisionario, Santiago Meroño, abonó las minutas a cuenta suya.

En febrero de 2016, el dictamen aprobado en el Pleno estuvo acompañado de sendos informes de la secretaria y la interventora del Consistorio, en los que se concluyó que procedía «reclamar las cantidades anticipadas por el gasto en servicios jurídicos». En concreto, la secretaria afirmó que, «al tratarse de una sentencia firme y condenatoria, procede el reintegro». Por el contrario, si los interesados hubieran sido absueltos o archivadas las diligencias, «sí tendrían derecho a que la corporación asumiera esos gastos».

Además de este caso judicial en concreto, dijo Antonio Léon, «todos» los gastos de defensa jurídica de los miembros de la Corporación municipal y determinados funcionarios inmersos en procedimientos judiciales (civiles y/o penales), «que fueron cargados a las arcas municipales por los anteriores gobiernos del PP, serán también examinados en este nuevo expediente».

En este sentido, hay que recordar que las últimas sentencias (2018) sobre los presuntos delitos de prevaricación y cohecho que pesaban sobre decisiones urbanísticas de Daniel García Madrid y el arquitecto municipal Ramón Cabrera -singularmente el 'caso de la permuta'- fueron exculpatorias.