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Los ediles del gobierno local declaran como investigados por presunta prevaricación

Antonio León. /LV
Antonio León. / LV

El PP se querella contra el alcalde y sus concejales por no poder acceder con antelación a la documentación de los Presupuestos de 2016

S. SÁNCHEZTORRE PACHECO

Los once concejales del gobierno local de Torre Pacheco, formado por el Partido Independiente y el PSOE, comparecieron en los juzgados de San Javier, en calidad de investigados, para dar cuenta del trámite de aprobación de los Presupuestos municipales de 2016. Lo hicieron, uno por uno y en una misma jornada, después de que el juez admitiera a trámite una querella de los ocho concejales del PP, presentada en mayo del año pasado, en la que califican como «prevaricación y un delito contra los derechos cívicos» la actuación del alcalde, Antonio Léon, y de su equipo de gobierno, durante el Pleno del 26 de mayo de 2016, en cuyo orden del día figuraba la aprobación de los Presupuestos municipales.

La supuesta actuación delictiva se refiere a que el regidor y los ediles del gobierno local «se negaron a retirar del orden del día la votación de las cuentas municipales, pese a que sabían que era una decisión contraria a derecho por razones de oportunidad política, simplemente para no dar la razón a los grupos de oposición».

La interposición de la querella se produjo después de dos procesos judiciales. El PP se basó en una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que, en marzo de 2017, refrendó una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Cartagena de octubre de 2016. En aquel fallo, se declaraba la nulidad «radical» de los Presupuestos, que ascendían a 31,6 millones de euros. Ambas instancias judiciales confirmaron que en aquella sesión plenaria, el grupo popular pidió que se retirara la aprobación de los Presupuestos por no haber recibido con «suficiente antelación» la documentación para fundamentar su voto, pero el equipo de gobierno no accedió.

El juez calificó de «extravagante» mantener ese punto del orden del día, «no en base a un dictamen o informe jurídico, sino a una votación», en referencia a la advertencia del propio secretario municipal de que la aprobación sería nula de pleno derecho. Sin embargo, el regidor decidió someter a votación si se cancelaba o no esa propuesta, obteniendo la mayoría favorable de proseguir con la votación presupuestaria (Independientes y PSOE a favor, y PP, IU y Ciudadanos en contra).

«Es una falacia»

Este hecho fue especialmente censurado por el TSJ, en el sentido de que se votó el acuerdo de continuar con la tramitación de los Presupuestos, «a sabiendas de que la documentación preceptiva no se había remitido a los concejales convocados al Pleno con la antelación necesaria para garantizar un correcto conocimiento del tema a debatir y una rigurosa formación de su voluntad».

Tras su paso por el juzgado, el alcalde, Antonio León, aseguró a 'La Verdad' que «hemos colaborado con la Justicia, respondiendo a todas las preguntas del juez y la acusación particular». El regidor insistió en que este caso se basa en «una falacia del Grupo Popular», y subrayó que los concejales del PP «tuvieron acceso por correo electrónico a la documentación que ellos dicen que no recibieron a tiempo, en una comisión anterior al Pleno». A partir de este momento, León confía en que «se determinen las comparecencias o pruebas que se tengan que hacer para confirmar que tuvieron acceso a toda la información que ahora niegan».

El alcalde recordó, por otro lado, que «el proceso de aprobación de los Presupuestos de 2016 fue el más transparente de la historia, con asambleas abiertas en todas las pedanías y en Torre Pacheco, y tres comisiones informativas, como lo prueba la aceptación de un gran número de enmiendas de los grupos de la oposición».

Por su parte, la portavoz popular, Josefina Marín, hizo especial hincapié en «la gravedad de la conducta del alcalde y su actuación irresponsable, arrogante y prepotente». A su juicio, «el regidor demuestra el bajo nivel democrático que tiene tanto él como su equipo de gobierno». Fuentes municipales insistieron a este diario en que la defensa jurídica de los concejales investigados «no está siendo costeada» por el Ayuntamiento.

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