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Condenan al Ayuntamiento a devolver 3,2 millones a Polaris por dos convenios urbanísticos

El alcalde avanza que recurrirá la decisión del TSJ para evitar un «severo daño» para las arcas municipales

S. SÁNCHEZ

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) no ha dado la razón al Ayuntamiento de Torre Pacheco en los recursos que presentó contra dos sentencias, casi consecutivas, de un juzgado de lo contencioso administrativo de Cartagena, emitidas en octubre de 2017, y por lo tanto deberá reintegrar a Polaris World la cantidad de 3.234.719 euros. Todo ello como consecuencia de dos convenios urbanísticos firmados por el PP en un mismo día, en noviembre de 2005, y que no han llegado a desarrollarse. A esa cantidad habrá que sumar los intereses legales y las costas.

La devolución, no obstante, no se hará efectiva de momento porque las resoluciones no son firmes y el alcalde, Antonio León, avanzó ayer que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Respecto al primer convenio, el TSJ confirma la sentencia del juzgado de Cartagena, en el sentido de que «la falta de actividad municipal y la demora injustificada imputable al Ayuntamiento ha frustrado el fin del convenio». Este acuerdo contemplaba la recalificación de 1.845.000 metros cuadrados de suelo rústico a urbano, para uso residencial y turístico en el Paraje Tres Molinos, de la pedanía de Roldán.

Como contraprestación, Mar Menor Capital (absorbida posteriormente por Polaris World Real Estate) abonó un millón de euros en metálico y, acto seguido, sufragó parte de las obras de construcción de la biblioteca municipal, por un importe de 2.084.769 euros.

En cuanto al segundo convenio, el acuerdo consistía en la reclasificación de terrenos de tres fincas rústicas en las inmediaciones de La Torre, para 1.460 viviendas. El juzgado ordenó la devolución de los 150.000 euros entregados en metálico, junto a otros 300.000 que se aportaron para completar la inversión en la biblioteca. Ahora, sin embargo, el TSJ estima en parte el recurso del Consistorio y solo le obliga a reintegrar la cantidad de 150.000 euros, pues en este caso la responsabilidad de lo ocurrido «no puede serle atribuida en exclusiva al Ayuntamiento, ya que la sociedad firmante del convenio no era ajena a las deficiencias del proyecto de modificación». Además, «para una futura población que se estimaba en 5.139 personas, la Confederación Hidrográfica del Segura informó en el sentido de que no existían recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas».

Críticas al PP

En sus recursos ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento argumentará la disparidad de criterios en los fallos del TSJ. El alcalde recordó que «uno de ellos se acepta parcialmente y otro se rechaza totalmente, cuando las circunstancias del desarrollo de ambos convenios fueron muy parecidas». León recordó que ambos convenios fueron firmados por gobiernos del PP y al interponer ahora estos recursos intentará evitar «un severo daño a las arcas municipales».

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